En el condado de Cochise, Arizona, el militante antiinmigratorio Roger Barnett ha amenazado a personas latinas a punta de pistola, y sin embargo nunca ha sido enjuiciado por este proceder. En Tucson, el nativista armado Roy Warden fue sorprendido en un video amenazando a un niño con volarle la tapa de los sesos; sin embargo el fiscal, ante la perplejidad del juez que debía pronunciar la sentencia, no solicitó tiempo en prisión para Warden. Y en el condado de Maricopa, Patrick Haab, un veterano con problemas mentales, fue acusado de agresión agravada por los ayudantes del sheriff, quienes lo encontraron en una parada de descanso reteniendo a punta de pistola a siete inmigrantes indocumentados. El fiscal posteriormente retiró todas las acusaciones.

¿Por qué los fiscales tienen tanto poder y autoridad para determinar qué casos son llevados a juicio y si una persona enfrentará una condena severa o si sólo recibirá un tirón de orejas? La respuesta es simple: "criterio del fiscal". Según la ley estadounidense, los fiscales del gobierno cuentan con un poder casi absoluto e irrefutable para elegir si presentan o no acusaciones criminales y qué acusaciones presentar.

No cabe duda de que el criterio del fiscal forma parte necesaria e importante de nuestro sistema de justicia: asigna los escasos recursos de la fiscalía, sienta las bases para los acuerdos con el fiscal y favorece la indulgencia y la clemencia en un sistema de justicia criminal que muchas veces resulta severo e impersonal. Sin embargo, también coloca a los fiscales en una de las posiciones más poderosas de nuestro sistema de justicia criminal. Literalmente tienen un poder absoluto para decidir quién irá a juicio por un delito. Si bien la mayoría de los fiscales utilizan su criterio con prudencia y ética, también puede hacerse mal uso de ese criterio para presentar acusaciones criminales --o no presentarlas-- según las opiniones políticas personales del fiscal.

Por ejemplo, durante la época de los derechos civiles, los fiscales blancos de los pueblos del sur se negaban abiertamente a presentar acusaciones contra personas blancas por crímenes racistas de odio contra afro americanos, aun cuando la evidencia a favor del juicio era determinante. A partir de 1989, las autoridades federales revisaron 22 muertes ocurridas durante la época de los derechos civiles y se realizaron 25 arrestos, con el resultado de 16 condenas, dos absoluciones y un juicio nulo. Muchos de esos casos podrían haber sido llevados a juicio, años o incluso décadas antes si el fiscal local hubiese estado dispuesto a hacerlo.

Incluso en la actualidad, el criterio del fiscal a menudo es ejercido de un modo racialmente sospechoso. El San Jose Mercury News estudió casi 700,000 casos criminales ocurridos en California entre 1981 y 1990, y el resultado de dicho estudio reveló disparidades raciales estadísticamente significativas en cuanto al enjuiciamiento de crímenes. En el estudio se descubrió, entre otras cosas, que el 6% de los blancos, en comparación con sólo el 4% de las minorías, ganaron desestimaciones "en interés de la justicia", en las cuales los fiscales retiraron completamente los casos criminales. El mismo estudio reveló que un acusado de un delito grave blanco sin antecedentes criminales tenía un 33% de posibilidades de recibir una reducción a delito menor o infracción regulatoria, en comparación con un 25% para un afro americano o latino en una situación similar.

Entonces, ¿qué recurso queda si un fiscal se niega a presentar acusaciones que son evidentemente meritorias, como en los casos de Arizona que involucraban a militantes antiinmigratorios, debido a la opinión política del fiscal? Desgraciadamente, el mismo factor que protegió a los blancos sureños que aterrorizaban y asesinaban a los afro americanos durante la época de los derechos civiles es el que ahora protege a los Roger Barnett, Roy Warden y Patrick Haab del mundo: la ira populista contra un grupo particular de personas, en este caso los latinos considerados inmigrantes indocumentados. A los fiscales que quieren conservar sus empleos (los fiscales locales de distrito generalmente son elegidos; los fiscales Generales de los Estados Unidos son designados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos) quizá les resulte más fácil no presentar casos impopulares.

A fin de cuentas, sólo existen dos soluciones en tales situaciones. O bien el fiscal es ético y cumple con la ley independientemente de las consecuencias políticas, o el sentimiento público se modifica, como ocurrió en el Sur Profundo (Deep South) en décadas recientes, con lo cual iniciar juicios fue políticamente viable.

Rhonda Brownstein es directora del departamento legal en el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur (Southern Poverty Law Center).