11/15/2010

SPLC gana el acuerdo para la mujer sexualmente asaltado en el trabajo; empresa reformar las politicas

Tuscarora Yarns Inc. pondrá en práctica una política mejorada sobre acoso sexual como resultado de una demanda presentada por el Southern Poverty Law Center (SPLC) en nombre de una trabajadora latina de la fábrica quien fue abusada y brutalizada sexualmente por el gerente de la planta después de haber ella reportado previamente a los funcionarios de la empresa del acoso sexual. Estos importantes cambios son parte de un acuerdo en el que la empresa de hilados también acordó pagar $230.000 dólares para resolver las denuncias de acoso sexual.

"No hay cantidad de dinero que pueda compensar en su totalidad a nuestra cliente, pero ella está muy contenta de que la empresa está haciendo cambios para evitar que cualquier otra persona sea una víctima como ella", dijo Mónica Ramírez, la abogada principal de SPLC en el caso. "Con demasiada frecuencia las trabajadoras inmigrantes se les ve con facilidad de explotarles, ya que muy a menudo no saben que existen leyes para protegerlas de esta clase de abuso brutal como el que nuestra cliente sufrió." 


Lilia Ixtlahuaca Martinez fue atacado por un gerente de la planta y tuvo que ser llevado al hospital por ambulancia.
 La demanda presentada el año pasado detalló la escalada del acoso sexual, que incluye insinuaciones sexuales, comentarios, insinuaciones y contacto físico por parte del gerente que culminó con que la trabajadora, quien habla poco Inglés, saliera de la fábrica en una ambulancia el 29 de diciembre de 2007 tras una brutal agresión final por parte del gerente. La demanda también alega que la empresa no pudo proteger a la mujer después de que ella les dijo a sus superiores sobre el acoso.

La denuncia de SPLC alega que los avances del gerente, que se intensificaron entre abril del 2007 y el ataque de diciembre del 2007, eran tan persistentes y comunes que otros compañeros de trabajo se dieron cuenta. En un momento dado, la mujer incluso pidió a un compañero de trabajo que le ayudara a ocultarse del gerente.

En octubre del 2007 el gerente atacó a la mujer en su oficina, pero ella logro liberarse.

Según la denuncia después de que el trabajador de la fábrica informó el comportamiento del gerente, la respuesta del gerente de recursos humanos fue la suspensión y disciplina de la trabajadora. El estrés derivado de esta situación dio como resultado problemas de ansiedad y palpitaciones cardiacas que se hicieron tan severas que ella creía que estaba teniendo un ataque cardíaco que la hizo buscar tratamiento médico.

Dos meses más tarde, el gerente llamó a la mujer a una oficina supuestamente para una reunión. Al tenerla atrapada en la oficina la atacó nuevamente.

Durante el ataque ella fue arrastrada por el suelo siendo sujetada por el cabello. Cuando ella trató de escapar a través de una puerta entreabierta, él presionó la puerta contra su cuerpo, aplastándola. La mujer eventualmente logro escaparse hacia la fábrica, donde colapsó, toda golpeada y con la ropa desgarrada. Ella fue llevada a un hospital en ambulancia.

"Ninguna trabajadora debería pasar por esta terrible experiencia", dijo Ramírez. "Tomamos esta acción no sólo para proteger a las trabajadoras de esta fábrica en el futuro, sino para enviar un mensaje a otros empleadores que el acoso sexual y la violencia sexual no serán tolerados en el lugar de trabajo."

Además de la demanda presentada por SPLC en nombre de la mujer, La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC) también interpuso una demanda contra la compañía en la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Carolina del Norte, en la División de Salisbury. El acuerdo llegado por las partes para resolver todos los reclamos es parte de un decreto de consentimiento presentado hoy ante la Corte. Aunque la empresa negó todos los cargos, acordó ser supervisada por la EEOC por dos años para garantizar el cumplimiento de las leyes federales contra la discriminación. También brindará capacitación en inglés y español a sus empleados y supervisores sobre los derechos de los trabajadores contra la discriminación y las represalias; y una notificación será colocada para informar a los empleados de la resolución de esta demanda y de sus derechos laborales.

Tom Fritzsche, del Southern Poverty Law Center y Geraldine Sumter de Ferguson Stein Chambers Gresham & Sumter, P.A., actuaron como asesores legales en este caso juntamente con la Sra. Ramírez.