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En meses recientes, una serie de localidades -- incluyendo Avon Park, Florida, y Hazleton, Pensilvania -- han propuesto decretos para regular la inmigración castigando a aquéllos que ayudan y apoyan a los 'extranjeros ilegales'. Aunque esto puede parecer una idea razonable -- ¿quién desea, después de todo, apoyar actos ilícitos? -- los decretos contienen muchos errores, son inconstitucionales y conducirán a la discriminación en contra de todos los inmigrantes y muchas minorías.

Un decreto "modelo" se ha estado propagando por varias ciudades en todo el país. Lo que propone es castigar a las personas que contraten, les alquilen o les vendan a los "extranjeros ilegales". Pero lo que la ley no indica a los empleadores, a los caseros y a los comerciantes locales es cómo proceder sin violar otras leyes, como la Ley de Vivienda Justa y las leyes de derechos civiles que prohíben la diferenciación racial y étnica. No indica a un casero cómo identificar a un extranjero ilegal; en muchos casos, ni siquiera le indica quién podría calificar como tal.

En la práctica, no es tan fácil determinar quién es un "extranjero ilegal". Incluso la frase carece de definición. El código de inmigración reconoce literalmente cientos de categorías de inmigración, pero extranjero ilegal no es una de ellas. Pedir a los caseros y comerciantes locales que decidan quién es ilegal no sólo es injusto para ellos, sino que inevitablemente conducirá a que decidan que alquilar o vender a ciertas categorías de personas -- todas aquéllas que luzcan extranjeras o que tengan un acento, por ejemplo -- es simplemente demasiado riesgoso. A esto se denomina discriminación. Todos podemos estar de acuerdo con que esto es ilegal e injusto. Y si estos decretos se aprueban, será inevitable.

El gobierno federal desde ya regula la contratación de todos los empleados exigiendo a los trabajadores que completen formularios I-9 y prohibiendo la contratación de trabajadores si se sabe que no cuentan con la autorización apropiada. Independientemente de lo que opinemos del sistema federal, los estados y las localidades no tienen la libertad de implementar sus propios programas alternos. La historia legislativa de la ley federal que rige la contratación de trabajadores -- la Ley de Reforma y Control de la Inmigración -- es perfectamente clara con respecto a lo siguiente: "[l]as sanciones contenidas en esta legislación tienen el propósito específico de neutralizar cualquier ley estatal o local que imponga multas civiles y/o sanciones penales por la contratación, reclutamiento o recomendación de extranjeros indocumentados...".

Aprobar leyes en contra de los 'extranjeros ilegales' puede incrementar la popularidad de los políticos locales, pero los resultados serán costosos litigios que sus localidades perderán. Los decretos nunca surgirán efecto y las localidades perderán mucho dinero a consecuencia de esto, ya que no sólo tendrán que pagar los honorarios de sus propios abogados, sino también los de los abogados que refuten los decretos. Mientras tanto, transmitirán el mensaje de rechazo a muchos de sus residentes, incluyendo latinos e inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos por la vía legal. ¿Qué le parece esta propuesta con la que todos llevan las de perder?

El decreto propuesto recientemente y que fue revocado en Avon Park está basado en un decreto que está circulando en el campo anti-inmigratorio. Contenía una propuesta para prohibir que la ciudad realizara operaciones en otro idioma que no fuera el inglés. A primera impresión, esto podría también tener algo de sentido para algunas personas. Prácticamente todos están de acuerdo con la idea de que las personas en los Estados Unidos deben aprender inglés. Sin embargo, el aprendizaje de otro idioma no es una simple cuestión de voluntad, sino que toma mucho tiempo empezar a ser incluso moderadamente competente en un segundo idioma, especialmente cuando ya se es adulto. Esta clase de disposiciones violan los derechos legales tanto de los miembros de la comunidad como de los funcionarios y empleados públicos. La disposición infringe el derecho constitucional fundamental de los residentes de dirigirse en petición al gobierno y de expresar sus puntos de vista. Los tribunales han declarado que tales disposiciones son ilegales en muchos casos, incluyendo el famoso caso sobre la disposición para el uso exclusivo del inglés en Arizona, Yniguez v. Mofford 730 F. Suplemento 309 (D. Az. 1990).

Al final, es responsabilidad de nuestro gobierno federal tratar los numerosos problemas de políticas relacionados con la inmigración. Las localidades servirían mejor a sus ciudadanos haciendo un llamado al Congreso para que se ocupe de esos problemas, en vez de estar proponiendo decretos ilegales que sólo los pondrán en aprietos.